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El UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas realiza desde 1978 un
reporte anual,
"El Estado de la Población Mundial", focalizando temas de interés
contemporáneos. En el mes de septiembre presentó su último informe titulado,
"Hacia la esperanza: Las
mujeres y la migración internacional", en el mismo se exhorta
a los
gobernantes mundiales a realizar políticas que tiendan a reflejar y proteger los
derechos humanos de las mujeres migrantes.
Las mujeres migrantes toman la
decisión de trasladarse o se ven forzadas a hacerlo para poder contraer
matrimonio, en muchos casos poder reunirse con sus esposos y/o las familias que
han migrado antes que ellas, o solamente para poder trabajar. Las tareas que
cumplen cubren un amplio abanico de profesiones (maestras, enfermeras) y de
trabajo comunitario; ellas son trabajadoras domésticas, mucamas, cuidadoras de
personas enfermas; muchas otras se desempeñan como agricultoras, camareras,
trabajadoras en fábricas donde se las explota; otras terminan trabajando como
artistas del entretenimiento, trabajadoras del sexo, recepcionistas.
Según el informe anual del UNFPA, "las mujeres
constituyen casi la mitad de todos los migrantes internacionales a escala
mundial: 95 millones", es decir el 49,6%. Parece increíble que ante estos
números contundentes tanto la comunidad internacional como algunas funcionarios
han empezado a tener una percepción más clara cuánto
aportan las mujeres migrantes "a la economía y al bienestar social de las
poblaciones que viven en los países de origen y de destino", y cómo en algunos
casos han comenzado a formular ciertas políticas que reconozcan los problemas
particulares y los riesgos que corren estas mujeres cuando cruzan las fronteras
hacia tierras desconocidas.
UNFPA consigna que sólo en el año 2005 las remesas, es decir los fondos enviados
por los y las migrantes a sus países de origen, ascendieron a un total estimado
en 232.000 millones de dólares estadounidenses. "Dado que, de ese total, 167
millones llegan a los países en desarrollo, las remesas son considerablemente
más cuantiosas que la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) y son la
segunda fuente de recursos externos, por orden de importancia, de que disponen
los países en desarrollo, después de las inversiones extranjeras directas
(IED)". Es muy importante señalar que si bien las sumas totales que son enviadas
por las mujeres son inferiores a aquellos enviados por los hombres, los estudios
remarcan que "las mujeres envían una mayor proporción de sus menores ingresos a
las familias que quedaron en el país de origen", y para poder hacer esto esta
mujeres se boicotean a sí misma la posibilidad de poder cubrir sus necesidades
básicas cotidianas, como la atención de su salud, y al posibilidad de acceso a
la educación.
Efecto del "éxodo de profesionales"
Uno de los problemas que presenta la migración de las y los profesionales de la
salud, en particular, es el deterioro de los sistemas de salud de los países más
pobres, que son los países de origen de esos hombres y mujeres. Estudios
recientes dan cuenta de que la mayor intencionalidad de migrar se da entre las y
los trabajadores de la salud que residen en las regiones donde son más altas las
tasas de VIH/SIDA: un 68% de los encuestados en Zimbabwe y un 26% en Rwanda
expresaron su deseo de marcharse de su país hacia el extranjero". Según el
informe de UNFPA "en muchos países pobres, los sistemas de salud se están
desintegrando, carecen de recursos y padecen escasez crónica de suministros
básicos, equipo y personal. Esta situación se exacerba debido a la abrumadora
presión resultante de las enormes necesidades de atención de la salud. Mientras
los países de África al sur del Sahara se están tambaleando bajo la más alta
carga de la enfermedad del mundo (25%), sólo permanece en esos países una
cantidad de profesionales de la salud equivalente a 1,3% del total mundial".
En movimiento, en riesgo
La posibilidad de transformación de la calidad de vida de las poblaciones de los
países de origen de las mujeres migrantes puede llegar a tener un costo muy
alto, un costo que nos lleva a ver el lado más oscuros de las migraciones.
"Desde el esclavizamiento contemporáneo de las víctimas de trata hasta
explotación de las trabajadoras domésticas, hay millones de mujeres migrantes
corriendo riesgos que dan pruebas de la carencia de protecciones adecuadas a sus
derechos y de la ausencia de oportunidades para migrar sin riesgo y legalmente".
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en todo el mundo "hay
2,45 millones de víctimas de la trata que trabajan en condiciones de
explotación. Según se estima, cada año hay entre 600.000 y 800.000 mujeres,
hombres y niños que son objeto de trata a través de fronteras internacionales;
de ellos, un 80% son mujeres y niñas". Estas se ven forzadas al trabajo sexual ,
a las tareas domésticas no legisladas, o a trabajar en fábricas en donde se las
explota. "La trata de personas constituye hoy el comercio ilícito que ocupa el
tercer lugar entre los más lucrativos, después del contrabando de drogas y el de
armas; sus utilidades se estiman entre 7.000 millones y 12.000 millones de
dólares estadounidenses por año. Pero esos montos reflejan solamente las
utilidades de la venta inicial de personas. Según estimaciones de la OIT, una
vez que las víctimas han llegado al país de destino, los sindicatos delictivos
obtienen otros 32.000 millones de dólares anuales, la mitad en países
industrializados y una tercera parte en países de Asia".
Si bien el trabajo doméstico aparenta ser un trabajo seguro que le ha permitido
a millones de mujeres migrantes a mejorar su calidad de vida y la de los suyos,
muchas el realizar el trabajo a "puertas cerradas" o de "puertas hacia adentro"
puede acarrear ciertos riesgos como la violencia por medio de ataques físicos,
violaciones y un índice de trabajo que puede resultar abrumador.
Migraciones forzadas
Según el informe "Si bien la migración forzada conlleva
riesgos para todos los afectados, las mujeres y las niñas están sujetas por
añadidura a otros riesgos particulares: al huir, al encontrar refugio temporal y
al asentarse. En 2005, aproximadamente la mitad de los 12,7 millones de
refugiados del mundo eran mujeres. En cambio, las mujeres constituyen una
proporción menor de los solicitantes de asilo debido a que con frecuencia se
hace caso omiso de las denuncias de persecución por motivos de género. Cuando
estallan conflictos armados, son en gran medida las mujeres y las niñas quienes
absorben la carga de atender a los niños, los ancianos y los discapacitados. Las
milicias armadas suelen hacer víctimas de violación a las mujeres y las niñas.
Muchas se ven obligadas a soportar embarazos no deseados, infección con el VIH y
lesiones y enfermedades del aparato reproductor. Se estima que, en cualquier
momento, un 25% de todas las mujeres refugiadas en edad de procrear están
embarazadas. Algunos grupos de mujeres "entre ellas,
jefas de hogar, excombatientes, ancianas, discapacitadas, viudas, jóvenes madres
y adolescentes no acompañadas" son más vulnerables y requieren protección y
apoyo especiales.
Las mujeres refugiadas enfrentan riesgos concretos. Aun cuando las alojadas en
campamentos suelen tener mejor acceso a servicios de salud reproductiva que la
población en general, es verdad que sus voces no son oídas por igual cuando se
trata de planificar emplazamientos, o adoptar medidas de consolidación de la paz
y de reasentamiento. Ésta es una grave omisión que, en última instancia,
menoscaba las tareas de reconstrucción".
Jóvenes migrantes
Según este informe "actualmente, los jóvenes de entre 10 y 24 años de edad
constituyen casi una tercera parte de todos los migrantes internacionales. Por
ejemplo, en 1997, un 15% de todos los mexicanos que estaban a la búsqueda de
empleo en los Estados Unidos eran adolescentes. Las encuestas
realizadas en albergues de México y Centroamérica, en puntos de tránsito
para migrantes que se encaminan a los Estados Unidos, indican que de los recién
llegados, un 40% son adolescentes de entre 14 y 17 años de edad. Los estudios
realizados en las fronteras entre Tailandia, Myanmar y China han constatado que
adolescentes de hasta 13 años estaban atravesando dichas fronteras por sí
mismos, sin estar acompañados". La necesidad de migrar se despierta en las y los
jóvenes por la falta de trabajo, por querer seguir estudiando, por ejemplo. Las
mujeres jóvenes son las más vulnerables ya que corren mayor riesgo de
violaciones y a otras formas de violencia por motivos de género. Este Informe de
UNFPA incluye un suplemento especial dedicado a la juventud migrante.
Incluimos aquí "principales conclusiones y recomendaciones" del informe
Reforma de las políticas
• Es preciso revisar las políticas de migración desde una perspectiva de género
y derechos humanos. Las políticas que hacen caso omiso de las diferencias
fundamentales entre hombres y mujeres en cuanto a la experiencia de la
migración, probablemente han de fracasar.
• Es necesario eliminar las disposiciones discriminatorias y velar por que las
mujeres tengan iguales oportunidades de migrar en condiciones legales y de
seguridad; así se podría contribuir a reducir la explotación, la migración
irregular, el contrabando y la trata de seres humanos. Esto puede posibilitar
que las mujeres se mantengan a sí mismas y a sus familias sin correr riesgos
indebidos y puede ayudar a los países a eliminar ingentes empresas ilícitas.
• Los encargados de formular políticas pueden contribuir a proporcionar
alternativas a la migración, eliminando la discriminación por motivos de género
y ampliando las oportunidades de las mujeres y las niñas en los países de
origen.
• Intensificar las medidas para reducir la pobreza y la desigualdad entre
hombres y mujeres también sería un factor clave para prevenir la explotación y
la trata de mujeres y niñas.
• La enorme escasez de análisis de datos y de investigaciones en relación con
las mujeres migrantes refleja hasta qué punto se ha hecho caso omiso de ellas.
Se necesitan mayores investigaciones y análisis para mejorar las políticas y la
conducción de la migración.
Autonomía de la mujer y violencia por motivos de género
• Con frecuencia, las mujeres migrantes tienen condición de "familiar a cargo".
Sus visados y su permanencia en un país dependen de sus esposos, de otros
parientes masculinos, o de sus empleadores. En algunos países, esta situación de
las mujeres casadas también significa que no se les permite trabajar, con lo
cual se agrava su dependencia y su vulnerabilidad. Esto a veces las obliga a
buscar trabajo en sectores de explotación y no reglamentados de la economía o
empleos muy por debajo de sus calificaciones ("desperdicio de cerebros") o, en
muchos casos, a padecer reiterados abusos.
• La violencia doméstica contra las mujeres migrantes es un grave problema.
Los países de destino deberían adoptar políticas que respondan a las
necesidades y los intereses de las víctimas de violencia por motivos de género y
de sus hijos, y también deberían considerar la posibilidad de otorgarles
condición independiente, permisos de trabajo, acceso a servicios sociales y de
salud, y apoyo para recibir educación y enseñanza de oficios.
• Todas las mujeres y las niñas –sea cual fuere su
condición de documentadas o indocumentadas– merecen tener
acceso a los servicios y la protección. Ninguna mujer debería tener que soportar
abusos debido simplemente a que su visado depende de un esposo que la maltrata o
de un empleador, o porque teme ser detenida o deportada.
• La pobreza y las limitadas oportunidades impulsan a muchas mujeres a buscar en
el extranjero esposos más pudientes, como se pone de manifiesto en el comercio
mundial de novias. Otras son vendidas u obligadas a contraer matrimonio con
extranjeros. Las políticas y las reglamentaciones deberían protegerlas contra
ese atrapamiento en relaciones abusivas o en matrimonios forzados.
Acceso a servicios de salud reproductiva, inclusive los relativos al VIH y el
SIDA
• Las mujeres migrantes, sus familias y las sociedades de los países de destino,
todos se han de beneficiar al proporcionar mayor acceso a servicios de salud
reproductiva dispensados con sensibilidad cultural. Esto podría dar a las
mujeres mayor control sobre la procreación; mejorar la salud de las madres y los
recién nacidos; prevenir la propagación del VIH y otras infecciones de
transmisión sexual; y contribuir a la integración de las migrantes y a ofrecer
mejores perspectivas para la próxima generación.
• Millones de mujeres trabajadoras migrantes tienen grandes necesidades
insatisfechas en materia de salud reproductiva. Esta situación repercute
gravemente sobre su salud en general, su bienestar y su productividad, y sobre
su posibilidad de seguir contribuyendo a las economías de los países de destino.
• Todas las mujeres deberían estar en condiciones de tener un parto sin riesgo,
con acceso a intervenciones médicas que podrían salvar su vida si surgieran
complicaciones riesgosas para la madre o el niño.
• Las pruebas obligatorias para la detección del VIH y el embarazo infringen los
derechos reproductivos y deben ser prohibidas. Para proteger los derechos
reproductivos de las mujeres migrantes es preciso que tengan acceso a servicios
de calidad, voluntarios y confidenciales de planificación de la familia y
relativos al VIH, así como a la prevención y el tratamiento de otras infecciones
de transmisión sexual.
Remesas y acceso a servicios financieros para las mujeres migrantes
• Al promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito económico –en
países tanto de origen como de destino– se puede maximizar el potencial de las
remesas de las mujeres en cuanto a promover el desarrollo y reducir la pobreza.
• Esto incluye proporcionar a las mujeres acceso a conocimientos financieros y a
servicios bancarios y de inversiones, y otorgarles derechos de propiedad.
Trabajadoras domésticas
• Es urgentemente necesario contar con políticas y programas que protejan los
derechos humanos y laborales de las trabajadoras domésticas migrantes.
• Entre las medidas necesarias figuran: revisar las leyes laborales nacionales
para asegurar que se ampare el servicio doméstico; crear conciencia sobre los
derechos de las trabajadoras domésticas y las obligaciones de los empleadores,
inclusive mediante servicios anteriores a la partida y cursos de capacitación;
celebrar acuerdos bilaterales entre los países de origen y los de destino que
establezcan modelos de contratos y aseguren estándares laborales mínimos;
fortalecer el papel de las embajadas en el trámite de denuncias y la provisión
de albergue en casos de abuso en los países de destino; establecer líneas
telefónicas de emergencia y organizaciones de apoyo que protejan los derechos de
las trabajadoras; reglamentar las agencias de contratación y colocación,
inclusive mediante el establecimiento de sistemas oficiales de acreditación; y
enjuiciar a los empleadores y las agencias que cometen abusos.
• A nivel regional, debería entablarse una colaboración intergubernamental a fin
de establecer normas mínimas para la protección de los derechos de las
trabajadoras domésticas.
El papel de la sociedad civil y de los grupos de defensa de los derechos de las
mujeres
• Al involucrar a representantes de las mujeres migrantes en los debates sobre
políticas y la reforma es posible mejorar las respuestas a la feminización de la
migración. Las mujeres migrantes pueden aportar elementos de juicio a eficaces
procesos de formulación de políticas.
• Las asociaciones de mujeres migrantes han tenido un papel prominente en la
defensa de los derechos humanos y merecen que se las apoye.
• Otra manera de abordar las cuestiones de interés concreto de las mujeres
migrantes es involucrar a las organizaciones y los sindicatos principales del
país que se han comprometido en pro de la igualdad entre hombres y mujeres,
inclusive centros de investigación sobre migraciones y organizaciones de
promoción de los derechos humanos.
Se puede acceder al informe completo
aquí
Publicado en el boletín
enLACes, Año 4 No. 170 del 19 de
octubre de 2006, de la AWID (Asociación
para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo). Reproducido en el semanario Peripecias Nº
22 el 8 de
noviembre 2006. Se reproduce en nuestro sitio
únicamente con fines informativos y educativos.
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