Un informe presentado ante Unesco en 1980 y publicado en varios idiomas en 1986 sugirió un cambio en las estructuras de los medios de comunicación, democratizándolos. A veinte años de la distribución pública de ese documento, la situación de desigualdad ha empeorado.

Conocido como el Informe McBride, por el nombre de quien lideró la investigación, el documento tuvo amplias repercusiones en el debate. Analizaba la orientación de la información en los medios de masas, el acceso al espacio en ellos y la propiedad de los mismos. El trabajo, minucioso y detallado, demostró hasta el cansancio las asimetrías de poder existentes en la comunicación y difusión de mensajes, y en la definición de sus contenidos.

En el espíritu de la época, otros informes de las Naciones Unidas también habían destacado las asimetrías vigentes en lo económico y en la Unctad se discutió en la década de 1970 la conveniencia de instaurar un nuevo orden económico mundial. A partir del Informe McBride, Unesco apoyó por un tiempo la idea de un Nuevo orden mundial informativo y comunicativo, abreviado Nomic.

La falta de apoyo de los países más poderosos quitó el piso donde se hubieran apoyado posibles cambios en los medios de comunicación. Un frente virtual de países no alineados y colonias recién liberadas impulsaron los informes e iniciativas de la ONU, pero estos países acabaron siendo arrastrados por la vorágine de la globalización, la deuda externa, las presiones políticas y económicas y la transformación unipolar del mundo. La Unctad existe, pero el peso de sus conferencias disminuyó y fue arrollada por el Gatt y la posterior OMC; la Unesco existe, pero el Nomic se diluyó.

Diez años duró el combate, con el punto más alto entre 1973 y 1976. En ese período, el Movimiento de los No Alineados tensó sus fuerzas y en la asamblea de Unesco de 1976 planteó la creación del Nomic. Los países más poderosos esquivaron la embestida y propusieron crear una comisión de estudio del problema, liderada por Sean MacBride.

El tiempo trajo cambios

Esta comisión presentó ante la Asamblea General de la ONU de 1980 el informe Un sólo mundo, voces múltiples. A pesar de estar redactada en un estilo muy diplomático y cuidadoso, la descripción mostró la existencia de un alto nivel de desigualdad e injusticia. Los temas aludidos y las recomendaciones presentadas reflejaron un compromiso surgido de un fuerte debate.

Las necesidades de comunicación en una sociedad democrática –indicaba la comisión MacBride– se expresan como el derecho a estar informado, el derecho para informar, el derecho al respeto de la vida privada y el derecho de participar en la comunicación pública. Esto formaba un nuevo cuerpo de derechos humanos más allá de los tradicionales y debían ser respetados como ellos, nuevos derechos federados en torno al concepto de derecho a la comunicación.

El informe se aprobó, pero quedaba un largo camino para llegar al establecimiento de un acuerdo sobre el Nomic. Los EEUU lanzaron entonces la acusación de que quienes lo impulsaban pretendían implantar un sistema de censura gubernamental sobre los medios y acabar con la libertad de prensa. Tal ofensiva fue apoyada por los propietarios de medios de masas y los lobbies correspondientes.

Finalmente, a causa de estas tomas de posición, en 1984 el Reino Unido se retiró de la Unesco y al año siguiente lo hicieron los Estados Unidos; también se fue Singapur. Abandonada por sus principales contribuyentes, una crisis política y económica disminuyó fuertemente las posibilidades de actuar de la institución. De todos modos, por dos años más la Unesco reivindicó al Nomic hasta que la idea desapareció del escenario definitivamente en 1989 con la adopción de la llamada Nueva estrategia de comunicación, adaptada a la finalización de la Guerra Fría.

Esta nueva estrategia se formuló en términos muy diferentes que el Nomic. No habla de derechos humanos, sino que promete fomentar la libre circulación de la información –tanto en lo nacional como lo internacional– de modo más amplio y equilibrado, y sin obstaculizar la libertad de expresión. Los países en desarrollo recibirían apoyo para fortalecer la capacidad de comunicación y aumentar su participación en ella, por ejemplo mediante la instauración de cátedras universitarias.

Qué pasa actualmente

Aram Aharonian, director del nuevo canal latinoamericano de televisión, Telesur, recordaba recientemente el aniversario del informe McBride y actualizaba algunos datos. La desigualdad e injusticia latentes que destacaba el informe se han profundizado, y las brechas señaladas en aquel entonces hoy son anchas como mares.

Una medida de la producción de bienes culturales puede ser la distribución de las ganancias que estos bienes producen. En ese sentido, los EEUU, la Unión Europea y Japón recogen nada menos que el 87 por ciento de esas ganancias –con el 55, el 25 y el 15, respectivamente–; América Latina participa con un 5 por ciento, y los miles de millones de otros asiáticos y africanos se reparten el 8 por ciento restante.

Con la industria cultural, el oligopolio mediático no ha hecho más que acrecentar su masa muscular y, como sostiene Aharonián, “Lo cierto es que aún no hemos asumido que el discurso comercial –bombardeado a través de información, publicidad y cultura de masas o recreación, con un mismo envase, disfrazado de realidad o de hechos naturales– es también un discurso ideológico, agresivo, limitante de nuestra libertad de ciudadanos”.

Como director de Telesur, Aharonián advierte que el núcleo de la cuestión no pasa solo por la propiedad del medio: “Tener una televisora nueva en América Latina puede no ser más que un saludo a la bandera. Porque una nueva televisión sin contenidos nuevos, no servirá absolutamente para nada”.

Los años del mundo unipolar han sido también los años de Internet y de la potenciación de las organizaciones de la sociedad civil como actores en la comunicación. Una manera de contrarrestar el monopolio privado de los medios pueden ser las formas electrónicas del periodismo ciudadano, fenómeno de múltiples caras. Parecería que hubiese mejores posibilidades democráticas de acceso a la información, más allá de los medios privados, pero sin embargo esas posibilidades tampoco están distribuidas de manera democrática.

En efecto, más de la mitad de los 550 millones de computadoras que hay en el mundo están en Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra y Francia. Estos mismos países reúnen algo más de dos tercios del total mundial de usuarios de Internet, calculado en 320 millones. El desbalance en la distribución llega al extremo de que hay 57 usuarios estadounidenses por cada latinoamericano. Ese es el nuevo orden.

Publicado en el semanario Peripecias Nº 28 el 20 de diciembre 2006. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente. Licencia de Creative Commons con algunas restricciones.