Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Estado está obligado a combatir la violencia de género porque ha reconocido que es una prioridad nacional, por lo que ya no será más “una buena voluntad gubernamental o de la línea política que gobierne” advirtió hoy la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos.

Lagarde, la principal impulsora de esta norma, consideró que la publicación de la Ley este día constituye un avance importante, porque por “primera vez en nuestro país contamos con la primera y única ley hecha con una perspectiva de género, donde las mujeres somos sujetos de derecho y que contiene una política de Estado que lo obliga a abatir, enfrentar, prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”.

Pero además la Ley tiene otros avances importantes, explicó Lagarde, y es que está basada en los derechos humanos de las mujeres, tutela y garantiza, promueve e impulsa el derecho a una vida sin violencia de las mujeres. Además tipifica todos los tipos de violencia contra las mujeres y las modalidades de la violencia contra éstas, “cosa que no sucedía antes, lo que teníamos eran leyes de violencia intrafamiliar, pero que además estas leyes no tienen en el país una perspectiva de género”, señaló.

Para que la Ley arranque, necesita un presupuesto, de hecho incluye un artículo transitorio donde establece que se tiene que aprobar con su presupuesto. Pero como fue publicada después de la aprobación del Presupuesto de Egresos 2007, el Ejecutivo está obligado a asignarle un presupuesto para arrancar sus trabajos, el primero sería el establecimiento del Sistema para prevenir y erradicar la violencia que está integrado por diversas Secretarías del gobierno federal, encabezado por la Secretaría de Gobernación.

Pero la feminista dejó en claro que no se trata de hacer campañas de prevención, sino políticas de gobierno que se articulen del gobierno federal con las políticas de los gobiernos estatales de tal manera que lleguen hasta los municipios las acciones del Estado. Así que el estimado de cuánto costará la aplicación de esta Ley lo tendrá que hacer un grupo de expertos muy profesional, que “de inmediato” presente al Ejecutivo un presupuesto que deberá ser prioritario, enfatizó.

Lo que ya se puede hacer, indicó la feminista, es iniciar la propuesta del plan para prevenir y erradicar la violencia, que es un plan federal que implica contar con expertos, con equipos técnicos y un trabajo coordinado, además de recursos económicos, indicó.

Quienes se encarguen de aplicarla (la Ley) deberán tener una formación en perspectiva de género, violencia y derechos humanos de las mujeres, por lo que tendrá que iniciarse un proceso federal muy importante de formación de funcionarias y funcionarios en estos ámbitos, señaló la académica.

La ley reconoce la violencia de género contra las mujeres como uno de los graves problemas nacionales, entonces es urgente su aplicación, por lo que todo el proceso tendrá que llevarse unos meses, es una prioridad nacional, señaló.

Marcela Lagarde observó que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) –quien formará parte de este Sistema Nacional- tendrá que hacer un cambio “urgente” en su política “errática” y en esta ocasión “cumplir” con su función que es impulsar y diseñar las políticas de gobierno en el gobierno federal que tengan como objetivo impulsar el desarrollo y el adelanto de las mujeres.

Hasta ahora, dijo, “el Inmujeres no ha sido el organismo encargado realmente de impulsar la política de género en el gobierno, al contrario, me parece que no ha impulsado estas políticas, que no ha logrado integrar una política gubernamental federal por el adelanto y la igualdad”.

El Instituto tendrá que responder al enorme esfuerzo hecho desde el movimiento organizado de mujeres y de las diputadas y senadoras de la legislatura anterior que impulsaron este conjunto de leyes que deben ser tomadas así, como una propuesta, un marco jurídico para dar un viraje en la política del gobierno federal y luego en las políticas estatales.

La antropóloga Marcela Lagarde explicó que por ahora se realizan una serie de acciones y procedimientos para que la Ley pueda incidir en cada entidad federativa. Se tienen que hacer las leyes estatales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que concuerden y correspondan con la ley general, dijo. Por lo pronto, el primer congreso que ya aprobó su ley es el de Chihuahua, pero faltan las demás entidades federativas.

La Ley implica una reforma de las instituciones gubernamentales y del Estado, ahí habrá que estar “vigilantes” que suceda para garantizar que la ley sea aplicable y el derecho que tutela la ley sea exigible por todas nosotras”, comentó.

Lagarde dijo sentirse feliz, dichosa y agradecida con la oportunidad que tuvo como legisladora de luchar e impulsar la Ley junto con otras organizaciones de mujeres, las redes feministas, por la forma como se trabajó la Ley. “Ahora tenemos mucho trabajo que hacer desde la sociedad civil, desde la academia, desde la UNAM, de que todo lo que hemos construido se vaya cumpliendo”, concluyó.

Publicado el 1 de febrero de 2007, por CIMAC, un centro mexicano sobre informaciones y comunicaciones sobre la mujer. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 34 el 7 de febrero 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.