Alguna vez comencé un artículo dando los argumentos contrarios a mi posición, con la intención de rebatirlos después. Ya el título aclaraba que esos no eran mis puntos de vista; lamentablemente, resultaron ser los puntos de vista del redactor del periódico. Cuando apareció la publicación constaté que me habían cambiado el título y que el nuevo era una loa al hecho que yo, justamente, criticaba. Era una frase extraída de mi texto, la había escrito yo, no había protesta. La justificación del cambio fue que el artículo necesitaba “más gancho”.

Mi proyectil retórico acabó siendo un tiro por la culata. Estoy seguro de que muchos lectores se convencieron de que mis simpatías estaban del lado contrario. Fue un hecho intrascendente; no significó la caída de un ministro ni mi suicidio: lo relato como demostración de lo fácil que es manipular. Si hasta en el campo insignificante en el que me muevo es así, ¿qué se podrá esperar de lo que tiene que ver con el poder, mejor, el Poder?

Hugo Chávez Frías está otra vez en la línea de fuego por un conflicto en torno a medios de comunicación. ¡Chávez es déspota, gorila, antidemócrata, populista y cantor desafinado! ¡Chávez ataca la libertad de prensa! Hablo, obviamente, de la situación creada en torno a la caducidad de la concesión de ondas del espectro radioeléctrico a Radio Caracas Televisión, RCTV. El 27 de mayo de 1987, el Estado y la emisora firmaron un acuerdo por 20 años; el plazo vence hoy, y las ondas serán ocupadas por el primer canal de utilidad pública de Venezuela, al servicio de la sociedad, no del Estado, y con programas exclusivamente nacionales.

El hecho objetivo es que el acuerdo con RCTV caduca; también es objetivo que la renovación no es automática y que las concesiones de ondas no son a perpetuidad. El actual presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, lo nombró en su campaña electoral para escándalo (y regocijo) de la derecha. RCTV argumenta que la concesión caducaría recién en 2022, y con esa postura fue a los tribunales.

El laberinto procesal acabó en que la semana pasada, el 23 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró inadmisible el amparo interpuesto por los empresarios televisivos. El gobierno de Chávez, dictador, abusador, prepotente y que para peor no se graduó en Harvard ni es rubio, había prometido que respetaría el fallo del tribunal y actuaría en consecuencia de forma estrictamente legal. Entonces pidió a la oposición que adoptase la misma postura. No fue así. Previendo el fallo en su contra, la derecha declaró de antemano que no lo aceptaría, alegando vicios de procedimiento. Es evidente que a los abogados se les paga por su conocimiento de las leyes, pero más por su imaginación y creatividad.

El fin de la concesión es un hecho objetivo; el retiro de las ondas es una legítima facultad soberana del Estado así como lo fue su concesión, y es perfectamente legal según la cúpula judicial. ¿Es el primer caso de la historia en que se revoca una concesión? Obviamente, no. En nuestro país, el gobierno Lacalle revocó la concesión de la frecuencia 1410 de amplitud modulada por razones que podríamos resumir como de “alarma pública”. Otras revocaciones se suman en un artículo de Martín Vivas, publicado en el periódico digital Rebelión: el Consejo Superior del Audiovisual de Francia retiró la licencia a TV6 en 1987 y a Al Manar en 2004, e intimó a Eutelstat que dejara de difundir Al Yazira. En España se revocó la concesión de TV Laciana en 2004 y de TV Católica en 2005, y se cerró TeleAsturias en marzo de 2007. El Reino Unido retiró la licencia a One TV, Actionworld y StarDte TV24 en 2006, y a Look 4 love 2 en 2007. En abril de 2007 Perú cerró dos cadenas de televisión por infringir la reglamentación; en 2003 El Salvador revocó la concesión de Salvador Network. Canadá revocó en 1999 la concesión de Country Music Television; Estados Unidos, la de WLBT-TV en 1969, la de WLNS en 1981, la de Daily Digest en 1998 y la de FCC Yanks Trinity License en 1999.

Es decir, la revocación de la concesión a RCTV es legal y legítima, y de ningún modo un hecho extraordinario. Hay otro aspecto: los términos del contrato. El periodista Vivas indica que entre junio y diciembre de 2006 RCTV cometió 652 infracciones de todo tipo, incluso emitió mensajes subliminales. De todos modos, la empresa no cierra ni desaparece y seguirá difundiendo sus programas por cable. Una marcha a favor de la libertad de prensa, léase de RCTV, juntó decenas de miles de participantes en Caracas. Si hubiera sido en contra de una reglamentación sobre la venta de helados de palito, o prohibiendo escupir en el trolebús, con tal de ir contra el gobierno la misma gente hubiera participado sin dudar un minuto.

Un aspecto más lo ofrece la posición de la emisora ante los legítimos poderes del Estado venezolano: RCTV fue de los más fervientes defensores del golpe contra el presidente Chávez en abril de 2002, quien contaba y cuenta, digan lo que digan, con una mayoría muy significativa de los votos ganada en reiteradas elecciones limpias, que ni las fantasías más afiebradas pudieron cuestionar. Recordaba el periodista José Steinsleger en La Jornada de México que “RCTV participó activamente en el sabotaje petrolero que paralizó la economía”.

El caso RCTV debería ser una historia interna venezolana; es notorio que tiene otras dimensiones. Desde el gobierno estadounidense hasta la OEA y la UE se han expresado sobre el asunto, con la misma estridencia con que mantuvieron silencio cuando el golpe de Estado. La barra brava de los canales cubanos de Miami, CNN, la Sociedad Interamericana de Prensa, los patéticos Reporteros sin Fronteras, ciertos políticos uruguayos y otros más, están en plena acción. Lograron que el 15 de mayo, diputados de la derecha y la extrema derecha ingresaran un texto de resolución de condena a Venezuela en el Parlamento Europeo, como asunto de urgente resolución sobre derechos humanos, tal cual si fuera una guerra. Dada su urgencia, se votó el jueves pasado, 24 de mayo. Dice Marcel Vivas: “De los 785 diputados sólo asistieron 65. La moción se aprobó con 43 votos a favor y 22 en contra”. Si hubiera sido una votación normal y no urgente, el fiasco hubiera sido de orden colosal.

En resumen, el 0,54 por ciento de los parlamentarios europeos están preocupados de la pluralidad de información en Venezuela, y los atropellos a la libertad de prensa del gobierno del tirano, gordito, muchopeoraún Chávez. Hacen bien en preocuparse: durante el mandato anterior de este mismo jefe de Estado, sin que hubiese caducado alguna concesión ni nada por el estilo y por razones políticas, se cerró el Canal Ocho. Lo cerró la Junta golpista que gobernó 47 horas entre el 11 y el 13 de abril de 2002, y el cierre fue aplaudido por RCTV.

Como dice el periodista Genaro Carotenutto, la pregunta que debería preocupar a todos no es si RCTV es censurada, pues eso no tiene sentido, sino la siguiente: “¿Cómo es posible que Globovisión, Televen, Venevisión y RCTV, que participaron todos en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, estén aún bajo el control de los golpistas?”.

Publicado en Globalizacion.org. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 50 el 30 de mayo de 2007. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente.