No obstante la lucha llevada a cabo por el movimiento feminista, a inicios del siglo XXI, la violencia familiar sigue siendo un problema a resolver por parte de los organismos internacionales y nacionales, a través de medidas legislativas, políticas públicas y mecanismos judiciales que garanticen a las mujeres un pleno desarrollo individual y social.

Así lo indica el libro A diez años de Belem do Pará, Perspectivas de la Violencia Familiar en el Distrito Federal, editado por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal (GDF) de México.

En el texto, Norma Banda y Lilian Alemany de la organización APIS, plantean que los problemas de las mujeres que padecen violencia familiar se relacionan principalmente con la salud, el agresor, las hijas e hijos, la situación de violencia, las acciones personales y lo social.

Los problemas de salud se reflejan en la baja autoestima, depresión, miedo, angustia e inseguridad, así como padecimientos físicos y psicológicos, siendo estos últimos las que tienen mayor impacto en las mujeres, según señalan.

“Nuestra experiencia indica que los padecimientos físicos, como consecuencia de la violencia familiar, sí son parte de la realidad cotidiana de las mujeres, sin embargo, son las consecuencias psicológicas las que permanecen en su memoria, en su conciencia, lo que nos demuestra que son precisamente estas consecuencias las más difíciles de curar”.

En la relación con el agresor, y con las y los hijos, es muy recurrente escuchar a las participantes del programa de APIS que el victimario le quita autoridad a la madre sobre los descendientes, provocando que la mujer se sienta frustrada por permitir que se viva un ambiente agresivo en el que todos se convierten en víctimas y en el cual los pequeños aprenden una conducta que probablemente repetirán en la adultez.

Además, manifiestan que se encuentran en una relación desigual en la que el hombre las corrige en su forma de hablar y de actuar, se imponen a través del miedo teniendo un control absoluto.

APIS señala que en una relación violenta existe un cierto equilibrio en el que cada uno sabe que su pareja nunca cambiará, pero lo acepta como la única forma que conocen de convivencia.

Por ello, la organización propone un proceso de trabajo personal donde el agresor asuma su responsabilidad y la mujer se responsabilice de cuidar su integridad física y emocional.

Sin embargo, también señala que la persona que sufre violencia manifiesta baja autoestima en relación a su entorno, además de miedo e incertidumbre ante lo que sucederá después de terminar la relación.

Las mujeres que participaron en el proceso de apoyo otorgado por APIS manifiestan que éste contempla apoyo psicológico de alguien que comprenda su situación, afecto, valoración, protección para salir de la violencia, adaptación a la nueva situación y no ser cuestionada.

También implica apoyo social e institucional, es decir, información sobre dónde acudir en situación de riesgo, tener trabajo remunerado, apoyo familiar, apoyo de una red social, atención médica, necesidad de hablar con la familia o con aquellos que piensan que las mujeres en esta situación son “tontas o dejadas” para que se den cuenta de la problemática.

De igual forma, apoyo jurídico: tener leyes que en verdad sean aplicadas, ser respetadas como individuos, generar leyes que reformen y mejoren las ya existentes, asesoría legal y conducción del proceso de divorcio.

La ley

Respecto al tema jurídico, abordado en el libro, Elizabeth Reyes González, de la Organización Defensa Jurídica y Educación para Mujeres AC, dice que el Informe anual de actividades del Consejo para la Asistencia y Prevención para la Violencia Familiar en el Distrito Federal reportó que, de julio de 2001 a junio de 2002, en las unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar se atendieron 17 mil 789 casos.

Las Encuestas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, correspondientes al año 2003, mencionan que se interpusieron mil 351 demandas de divorcio necesario invocando la causal de violencia familiar.

Por otra parte, Reyes González asegura que no obstante la lucha llevada a cabo por el movimiento feminista, a inicios del siglo XXI la violencia familiar sigue siendo un problema a resolver por parte de los organismos internacionales a través de medidas legislativas, políticas públicas y mecanismos judiciales que garanticen a aquellas mujeres que la padecen para que tengan un pleno desarrollo individual y social.

Entre los problemas en la aplicación de las leyes señala, por ejemplo, que en el Código Civil en muchas ocasiones, no obstante que se acompaña de una demanda inicial, el juez o jueza primero debe citar a audiencia al cónyuge demandado a efectos de que comparezca para poder decretar las medidas provisionales.

Dicho aviso, señala, debe hacerse en el lugar señalado por el demandado, por lo que pueden pasar varios meses para que se dé por enterado y aún así decida incumplir el mandato.

Respecto al Código de Procedimientos Civiles, agrega que el Artículo 942 faculta al juez o jueza para exhortar a las partes a promover un entendimiento para hacer cesar la violencia, por lo que en ocasiones se presiona a la mujer para que desista de sus peticiones, es decir, no hay conciliación, sino más bien una “reconciliación”.

Este Código establece también que se podrá acudir al juez de lo familiar en casos urgentes, sin embargo, en el Distrito Federal los juzgados tienen un horario de 9:00 a 15:00 hrs., por lo que no pueden ser atendidas durante la noche, lo que, enfatiza Reyes, implica un gran problema para la aplicación de este precepto.

Elizabeth Reyes califica al Código Penal como ambiguo al no mencionar con precisión los términos de integridad y de violencia sexual, lo que, según la especialista, ocasiona que el Ministerio Público determine el no ejercicio de la acción penal por el delito de violencia.

Por su parte, Roberto Manero Brito, profesor del departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, señala en el texto del GDF que investigaciones realizadas en la licenciatura de Psicología de su institución refieren el sentimiento de culpa como una de las secuelas provocadas por la violencia hacia la mujer, específicamente de la violación.

Esto tiene también su referente jurídico, ya que la victimología plantea que la víctima produce el sentimiento de culpa a partir de sus propias fantasías. Sin embargo, según se indica en la publicación, algunas feministas están en desacuerdo con dicha hipótesis y señalan que la culpa debe entenderse como un intento de la mujer a retomar el control de su vida, es decir, que la posibilidad de saberse culpable de haber sido violada es la posibilidad también de evitar serlo en un futuro.

Además, señala que las secuelas de agresión sexual son las mismas que presenta una víctima de violencia familiar: “Es como si fuera la misma constelación la que está produciendo esta serie de síntomas, esta serie de fenómenos”.

Por otra parte, Manero señala que en más de 50 por ciento de los casos, la violación, es realizada por personas y espacios conocidos por la víctima, en espacios cotidianos donde la mujer se siente segura.

María del Rosario Campos Beltrán, coordinadora general del área de Prevención y Atención la Violencia Familiar en Tech Palewi, asegura en su aportación al libro recientemente publicado, que la democracia en casa no sólo es deseable, sino posible, donde los valores de tolerancia, respeto, comunicación y equidad sean ejes de la convivencia en la familia, vehículos para modificar las relaciones autoritarias que suponen daño y abuso de poder entre sus integrantes, lo que supone tender puentes de prevención de la violencia familiar.

Publicado en Cimac Noticias el 18 de diciembre de 2007. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 78 el 19 de diciembre de 2007. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.