El pasado lunes 21 de enero, tres personas murieron en Ilave, el hecho ha generado diversas reacciones, las más comunes repiten el esquema utilizado durante la crisis política vivida en dicha provincia en abril del 2004, atribuyendo el suceso a una “justicia aymara”, lo que remarca el ya conocido cliché que relaciona a los aymaras con hechos violentos o con una sociedad que vive al margen de la ley.

Los analistas y los diarios han puesto en entredicho, una vez más, los límites y/o ausencia del Estado o la incongruencia entre la justicia occidental y la “justicia aymara”, llevando el hecho a un plano étnico, olvidando que estos hechos se repiten a diario en diversas zonas del país; crímenes pasionales, ajustes de cuentas y linchamientos se han convertido en sucesos corrientes a lo largo y ancho del Perú.

Lo ocurrido en Ilave, donde una persona fue asesinada y posteriormente, una turba terminó con la vida de los supuestos asesinos, aún es materia de investigación policial, sin embargo con el transcurso de los días las hipótesis respecto de los móviles del crimen han crecido, se señala que el asesinato habría sido producto de un intento de robo, que fue un ajuste de cuentas entre narcotraficantes y, por llamarlo de algún modo, la más descabellada, es aquella que señala que la primera víctima habría sido parte de un sacrificio humano. Sin embargo, la hipótesis que cobra más fuerza es la señalada por la misma sobreviviente del linchamiento, quien manifestó que se trataría de un crimen pasional, ya que ella sostenía una relación amorosa con la primera víctima.

Más allá del hecho, lo que se pone en evidencia es un problema de país, en el que imágenes de violencia y muerte son expuestas día a día como simples cifras o parte de una estadística que insensibiliza, tal y como ocurrió durante el conflicto armado interno que vivió nuestro país, en el que hechos violentos eran tomados como parte de la cotidianidad. Por otro lado, el factor étnico aparece como un intento de justificarlo todo, pretendiendo negar que vivimos en una sociedad violenta en la cual aymaras, quechuas, policías, médicos, ricos, pobres, etc., hacen uso de la violencia para resolver sus conflictos.

Por último, para el caso concreto del linchamiento de dos supuestos asesinos en Ilave, añadiría que se demuestra, una vez más, la incapacidad de las instituciones competentes de actuar en el debido momento. Uno de los testigos manifestó que dio a conocer los hechos a la Policía Nacional cuando ambos sospechosos estaban con vida y un policía le señaló que no contaban con personal suficiente para acudir. Por otro lado, el Fiscal, al cual le comunicaron del hecho no se hallaba en Ilave, y el Fiscal adjunto llegó tarde, pese a que personal del serenazgo municipal le había comunicado del hecho desde tempranas horas de la mañana.

Visiones maniqueas que denotan un profundo componente de racismo, que criminalizan la exclusión y se empeñan en satanizar a Ilave y a los aymaras, anotando que ejercen su propia ley, que viven en la marginalidad o pretenden crear otro Estado dentro del Estado abundan para dar explicaciones sobre Ilave. En Caracas como Sao Paulo, por citar dos ciudades con altos índices de criminalidad, la violencia se repite a diario y no por ello son atribuidos a una etnia en particular, sino al conjunto de la sociedad.

Es hora de que el Estado reaccione ante estos hechos y de que la salud mental deje de ser la novena prioridad dentro de las prioridades del Ministerio de Salud, quizá ello podría ayudarnos a vivir en una sociedad menos violenta. Para un problema de país se necesitan políticas públicas que puedan frenar este tipo de manifestaciones sociales que nos revelan que vivimos en una sociedad enferma, de post conflicto armado y ello tiene una serie de secuelas que es necesario remediar.

Publicado en Altiplano Político el 21 de enero de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 83 el 30 de enero de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.