Hace ya 60 años que la humanidad logró establecer una carta de derechos que fue suscrita por las naciones del mundo entero. Posteriormente hemos tenido importantes avances en la expedición de acuerdos y pactos sobre distintos tipos de derechos, los más importantes tal vez fueron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto internacional de Derechos económicos sociales y culturales. Los dos han sido ratificados por Colombia en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En las ciudades hemos tenido importantes dinámicas en los últimos años, como la Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal, expedida en esa ciudad en el 2006, donde tanto el gobierno de la ciudad como los ciudadanos y ciudadanas adquieren una serie de compromisos para hacer efectivos los derechos en la ciudad. También está la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad firmada en San Denis en el año 2000. Y hoy se discuten, en cientos de ciudades del mundo, la Carta Mundial del derecho a la Ciudad y la Carta-Agenda de Derechos Humanos en la Ciudad.

Debido a la gran tendencia que el mundo tiene a la urbanización, cada vez nos movemos más hacia la discusión de los derechos en las ciudades. ¿Qué tanto de eso nos ha permeado? La verdad, muy poco. En general, la planeación en América Latina no aborda los derechos como una estructura específica para atender a la gente. Los enfoques sectoriales y fiscalistas, definidos en gran medida a nivel central, han prevalecido sobre el enfoque de derechos.

Pero, además, cuando hemos llegado a tener planes con enfoque de derechos no hemos sabido muy bien en la práctica qué significa eso. Las pocas discusiones que sobre este tema se dan hoy en la elaboración de los planes de desarrollo de nuestras ciudades se mueven entre la corrección política y la ambigüedad práctica, escuchamos discursos afirmativos sobre los derechos pero a la larga no tenemos muy claro qué significan.

Avanzar en la garantía de los derechos en las ciudades es importante, no sólo los de vida, libertad e integridad, que ya son suficiente reto para algunas de nuestros gobiernos, sino también en los derechos económicos, sociales y culturales y, por supuesto, los colectivos y del medio ambiente.

Pero para hacer efectivos los derechos no basta con nombrarlos en los documentos de políticas públicas y planes de desarrollo. En esencia, no sabremos si estamos avanzando en un enfoque de derechos si no se específica cuál es su particularidad con respecto a otras formas de hacer planeación y, sobre todo, cómo se miden los resultados.

¿Qué significa hoy en nuestras ciudades tener derecho a la vivienda y cómo medirlo? ¿En qué estamos en el derecho al medio ambiente sano y cuánto vamos a avanzar? Son algunas de las preguntas que un plan con enfoque de derechos debería respondernos.

Cómo la ciudad, además de ser un espacio físico, también es un espacio político, la participación ciudadana juega un papel fundamental a la hora de definir las estrategias para garantizar los derechos, solo que en la mayoría de nuestras ciudades esta sigue siendo un ejercicio cosmético que se mide más por los volúmenes de asistencia que por la construcción conjunta de decisiones.

El derecho a la ciudad y la ciudad con derechos debe ser una realidad concreta, medible y construida con la ciudadanía. De no ser así, corremos el riesgo de haber incluido otro término políticamente sugestivo pero inocuo para la calidad de vida de la gente.

Publicado en el diario El Tiempo el 11 de marzo de 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 101  el 18 de junio de 2008. Se reproduce en nuestro sitio únicamente con fines informativos y educativos.