Están cobrando cada vez más importancia un conjunto de “instituciones financieras regionales” (IFRs) que otorgan préstamos y apoyan diversos emprendimientos en América Latina. A diferencia de las instituciones globales, como el Banco Mundial o el FMI, estas IFRs son controladas por los gobiernos latinoamericanos. Se abren así muchas posibilidades para financiar otro tipo de desarrollo aunque persisten muchos problemas con las dimensiones sociales y ambientales, donde no se deben repetir los mismos errores de las instituciones financieras globales.

En la actualidad se pueden reconocer al menos ocho instituciones financieras latinoamericanas. Dos tienen cobertura continental: son el Banco Latinoamericano de Exportaciones (BLADEX) y el Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR). La Corporación Andina de Fomento (CAF) comenzó brindando préstamos a los países andinos pero ahora se ha ampliado notablemente, mientras que el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) se restringe a los países de la cuenca del Río de la Plata. Existen dos bancos subregionales: el Banco Centroamérica de Integración Económica (BCIE) y el Caribbean Development Bank (CDB). Otros dos bancos son nacionales pero financian empresas y proyectos en los países vecinos: el Banco Nacional de Desarrollo Económico Social (BNDES) de Brasil, y el Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES) de Venezuela.

Muchas de estas instituciones han pasado casi desapercibidas durante un buen tiempo. Pero hoy es posible advertir que son un grupo no solo numeroso, sino que manejan un enorme volumen de recursos. Su patrimonio acumulado supera las 27 mil millones de dólares. El mayor volumen se registró en el BNDES, que dispuso de 14 070 millones de dólares en 2007, seguido por la CAF con 4 125 millones de dólares. El BNDES se encuentra por debajo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, cuyo patrimonio en 2007 fue de US$ 20 353 millones).

Las IFRs son regionales en por lo menos dos sentidos: operan dentro de América Latina, y sus autoridades y la toma de decisiones están en manos de los gobiernos latinoamericanos. En cuanto a su operación, predominan los financiamientos convencionales, tales como proyectos en infraestructura y energía, la expansión empresarial privada o la cooperación técnica.

Posiblemente una de las IFRs más notorias es la CAF, la que actúa desde 1970 como un banco de promoción del desarrollo y de servicios financieros. Sus actividades iniciales se centraron en los países andinos, pero se sumaron naciones de otras regiones, España y más de una docena de bancos privados. Su cartera de préstamos ha crecido continuamente hasta alcanzar los US$ 9 622 millones en 2007. Es el principal financiador de los países andinos. Además de los préstamos para obras clásicas de infraestructura, la corporación es uno de los principales financiadoras de la Iniciativa en Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).

Bladex es una institución mixta ya que depende de bancos centrales y agencias gubernamentales de 23 países de la región, algunos bancos internacionales y fondos de inversión. Opera como un banco regional de promoción del comercio exterior. Por su parte, FLAR brinda préstamos y garantías para apoyar la balanza de pago y asiste con créditos a sus miembros (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela).

A nivel subregional existen dos bancos. El BCIE fue fundado en 1960 por cinco países centroamericanos, pero actualmente se han sumado otras naciones, incluso desde fuera de la región (República China – Taiwán y España). Financia proyectos de promoción comercial, integración y contra la pobreza. El CDB opera en el Caribe, apoyando proyectos de desarrollo económico y social. Fundado en 1969, 26 miembros (21 de ellos son caribeños, a los que se suman países como Alemania, Canadá, China, México, Reino Unido y Venezuela). También existe un fondo subregional, conformado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay (FonPlata), para el desarrollo de la Cuenca del Plata. Si bien su cartera de proyectos es modesta, apoya estudios previos de grandes proyectos y financia algunas obras; también mantiene al Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay Paraná, un antiguo megaproyecto de infraestructura que ahora es parte del IIRSA.

El BID también podría ser considerado como una IFR. Si bien actúa en América Latina, entre sus miembros hay 21 países extra-regionales (como varias naciones europeas y Japón), y entre ellos Estados Unidos tiene una influencia determinante. En cambio, la propuesta de un Banco del Sur apunta a una membresía exclusivamente regional, y cuando se ponga en marcha deberá ser sumado a esta lista.

Finalmente, entre los bancos nacionales se destacan dos casos debido a que sus acciones se extienden a los países vecinos. El BNDES de Brasil apoya la llamada “internacionalización” de las empresas brasileñas. Su presencia ahora es ubicua, por ejemplo financiando empresas de Brasil en obras relacionadas con IIRSA en varios países, o brindando fondos para que algunas corporaciones brasileñas compren empresas en los países vecinos. El BANDES es el agente financiador de la política exterior de Venezuela, apoyando programas e inversiones, especialmente en el área energética y banca local. Cuenta con menos recursos, y si bien requiere que al menos un 50% del emprendimiento sea con participación venezolana, otorga mayor atención a la complementación.

Esta apretada síntesis demuestra que es necesario prestar una mayor atención a las IFRs latinoamericanas. A diferencia de las IFIs globales, donde la toma de decisiones descansa casi exclusivamente en Estados Unidos y la Unión Europea, distintos gobiernos latinoamericanos, en especial los progresistas, han buscado mayor autonomía apelando a estas instituciones regionales.

Las áreas claves de financiamiento son infraestructura, tales como carreteras y puentes, emprendimientos clásicos como saneamiento y energía. En el caso sudamericano hay un claro énfasis alrededor de IIRSA. Por lo tanto, las IFRs también financian emprendimientos de alto impacto social y ambiental. Las directrices para enfrentar esos efectos negativos en unos casos son poco claras, en otros son débiles, los mecanismos de evaluación de impactos sociales y ambientales no siempre son los mejores y a veces son desconocidos, y los canales de acceso a la información y participación ciudadana son dificultosos. Es así que en algunos casos las IFRs repiten los mismos problemas que se enfrentan con las “instituciones financieras internacionales” (IFIs) como el Banco Mundial.

De todos modos, contar con nuestras propias instituciones financieras es un paso adelante para recuperar autonomía frente a la imposición de IFIs. Es importante mantener ese control regional, y por lo tanto el proceso de sumar otras naciones (como países europeos o China) debe ser manejado con mucha precaución. Pero también se debe actuar para no repetir los errores y limitaciones de las IFIs, y que no sean meros canales de intermediación de capitales globales o repitan los mismos proyectos de alto impacto social y ambiental. De nada sirve contar con ese control latinoamericano si se termina actuando de la misma manera que lo ha hecho el Banco Mundial o el BID. Por lo tanto es necesario actuar para que los proyectos financiados sirvan genuinamente al desarrollo y la erradicación de la pobreza, con efectos positivos palpables tanto a nivel local como nacional en todos los planos, desde el económico al ambiental.

El presente artículo resume puntos esenciales de un reporte de mayor extensión que fue publicado por el Programa de las Américas (Estados Unidos). La presente versión fue publicada originalmente por ALAI (Agencia Latino Americana de Información, el 23 de julio 2008. Reproducido en el semanario Peripecias Nº 106 el 23 de julio de 2008. Se permite la reproducción del artículo siempre que se cite la fuente.